Activistas niegan que el gobierno haya propuesto llevar el expediente a ese organismo
El caso mujeres de Atenco llegará por fin a la Coridh
Debieron pasar 10 años de impunidad; el
tema podría representar la octava condena en contra del Estado mexicano,
señalan grupos defensores de derechos humanos
COMUNICADO DE PRENSA:
Línea de tiempo del caso: http://bit.ly/2dGop8S
Video completo de la Conferencia de Prensa
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| Patricia Torres, Ana María Velasco, Claudia Hernández, Yolanda Núñez, Italia Méndez, Norma Jiménez, Stephanie Brewer y Araceli Olivos ayer, durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Pro Foto: Jesús Villaseca |
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2016, p. 3
Miércoles 5 de octubre de 2016, p. 3
El gobierno mexicano no sólo mintió cuando aseguró
que fue él quien propuso llevar el caso de las mujeres de Atenco a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), sino además se
‘‘adelantó de manera sorpresiva’’ a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para hacer pública esta decisión.
Este caso, que llega a la Coridh después de 10 años de impunidad en
el país, podría representar la octava condena en contra del Estado
mexicano, en el que 11 mujeres de San Salvador Atenco denunciaron
tortura sexual y otras violaciones a los derechos humanos por elementos
policiacos del estado de México y federales en mayo de 2006.
Stephanie Erin Brewer, abogada de las víctimas y coordinadora del
área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, explicó que fue ‘‘muy extraño’’ enterarse de la remisión del
caso por parte del gobierno federal y no por la CIDH, como regularmente
pasa en estos casos.
Pero además, aclaró que el Estado no sólo no pidió remitir el caso a
la corte, sino ‘‘hizo todo lo posible por demorar, y más bien evitar que
el expediente llegara a esa instancia’’, como tampoco ha habido medidas
de reparación para las víctimas ni fondo ni acciones de ayuda, las
cuales han sido rechazadas de manera reiterada.
‘‘Tampoco hay un diálogo, como dice el gobierno. Ese diálogo está
roto por sus incumplimientos reiterados, por su falta de avance y
ausencia en las muestras de voluntad para concluir de fondo; no está en
curso ningún diálogo: lo que está en curso es un litigio’’, aclaró la
directiva del Centro Prodh.
En conferencia de prensa a la que asistieron seis de las 11 mujeres
denunciantes acompañadas por sus abogadas legales del Centro Prodh y del
colectivo por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), se señaló
que la llegada del caso a la Coridh es un logro histórico en la
búsqueda de la verdad y la justicia, a la que a escala nacional fue
imposible acceder.
Los abogadas Brewer y Marcia Aguiluz, de Cejil –conectada vía
Internet desde Costa Rica–, explicaron que desde diciembre pasado la
CIDH adoptó el informe de fondo que contiene sus conclusiones sobre el
caso y que le dio razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron
detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física,
sicológica y sexual, falta al debido proceso y denegación de justicia,
violaciones por las cuales el Estado mexicano deberá responder.
A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, no hay una sola
sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan
al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de
cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin tocar la cadena de mando y
otras esferas y niveles de responsabilidades. En el tiempo que
ocurrieron los hechos, el gobernador del estado de México era el hoy
presidente Enrique Peña Nieto.
Y aunque la Coridh no impone responsabilidades penales individuales,
en el informe de fondo se da cuenta de la responsabilidad de algunas
personas en lo individual, y menciona la necesidad de indagar en dos
planos la responsabilidad de quien fue el gobernador mexiquense. ‘‘El
primero, en torno a la posible emisión de declaraciones que
comprometieran la independencias y autonomía de las investigaciones, y
en el segundo, por la ausencia de una indagatoria profunda sobre cadena
de mando’’, explicó Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.
LINK DE LA NOTA:
Justicia y
no repetición, exigencias centrales de mujeres denunciantes de tortura sexual ante
la Corte IDH
- La CIDH estableció que las 11 mujeres sufrieron tortura y envió el caso a la Corte porque el Estado no cumplió su obligación de esclarecer y sancionar los hechos
- La llegada del caso a la Corte IDH es un logro histórico que acerca la verdad y la justicia en un caso paradigmático de tortura sexual a mujeres en México
Ciudad de México, 4 de octubre
2016. Las 11 mujeres
denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, tras concluir el litigio de
su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañadas
por el Centro Prodh y CEJIL, han dado un paso trascendental no sólo en su lucha
por la justicia sino para impulsar cambios transformadores en el país: han
llevado al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos.
En diciembre de 2015, la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus
conclusiones en el caso y que le dio la razón a las denunciantes al encontrar
que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física,
psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
A pesar de lo anterior y de que el propio Estado reconoció parcialmente los
hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe
de Fondo el Estado no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar
acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la
participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones
de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y
sanción de los hechos.
A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 no hay una sola
sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al
fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro
decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de
responsabilidad, aspectos que para la CIDH comprueban la falta de cumplimiento
del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables.
Para las mujeres denunciantes, el contundente Informe de Fondo de la CIDH y
la llegada de su caso ante la Corte IDH -a pesar de los obstáculos y demoras
que pretendió imponer el Estado a lo largo del proceso- significan no sólo logros
en su caso, sino una oportunidad para impulsar cambios en nuestro país. Recordamos
que las denunciantes llevan años luchando contra la tortura sexual a mujeres.
En el año 2014 fundaron la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra laTortura Sexual”, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta
práctica.
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de
la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el
Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este
fenómeno de plena vigencia hoy.
El análisis de la Corte IDH de ciertos aspectos del operativo policiaco de
mayo de 2006 -incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior
impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la CIDH- será
esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas
expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario
de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad sujetos a
estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades.
El caso Atenco es muestra paradigmática de la impunidad vigente que
posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos. La
sentencia de la Corte IDH podrá ser una herramienta importante para combatir
estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de
responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de
documentación de los hechos y el análisis de los órganos del Sistema
Interamericano.
Finalmente, la lucha de las mujeres de Atenco podría ser una oportunidad
para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos
vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza
basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de
control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de
instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura
sexual.
Línea de tiempo del caso: http://bit.ly/2dGop8S
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