Fuente: Desinformémonos
La nueva estrategia para doblegar al pueblo de Atenco y despojarlo de
sus tierras pasa por quitarles la administración de su agua, comprar
las tierras vecinas con engaños y cortar la luz de los pozos de agua.
Los operadores de esta estrategia, por parte de los tres niveles de
gobierno, son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), y los beneficiarios serían los grupos
empresariales que catapultaron al poder a Enrique Peña Nieto.
El neoliberalismo y la tierra
A partir de la adopción del modelo económico y político neoliberal
por parte del gobierno, movimientos campesinos y luchas populares tienen
como objetivo la defensa de sus territorios. Estas luchas constituyen
una reacción contra el intento de despojo del territorio y la
explotación de los recursos naturales de racionalidad instrumental por
parte de empresas privadas -nacionales y trasnacionales- y proyectos
desarrollistas del Estado.
En particular, el campo ha sido afectado por la implementación del
modelo de ventajas comparativas (importación de alimentos, incentivación
de la inversión extranjera en la manufactura, promoción de
agroimportaciones no tradicionales de grupos pequeños de productores,
abandono de las inversiones estatales en materia de infraestructura para
el campo e investigación, supresión de subsidios y precios de garantía,
ectétera). Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en
1994 se redujo aún más el apoyo gubernamental a la agricultura, y
grandes grupos de campesinos quedaron relegados.
Estos movimientos responden a las consecuencias que el andar hacia un
Estado neoliberal ha dejado. En 1992 se modificó el artículo 27
constitucional, con lo que se abrió la puerta a la privatización de las
tierras campesinas, inscritas en un marco legal de propiedad ejidal o
comunitaria, es decir, propiedad social. El Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) fue la
puerta legal para llevar a cabo la transformación de la propiedad social
a privada. En 2006 se cerró el programa, intensificando la compra y
renta de tierras para su explotación o transformación.
Ya no sólo las expropiaciones eran las estrategia de estos gobiernos
para despojar a las comunidades campesinas e indígenas, con el argumento
del bien común, sino que ahora también esta apertura a la
privatización dio capacidades a las elites económicas y políticas que,
de acuerdo a sus intereses, han especulado con las tierras de nuestra
patria para la construcción de casas habitación, para construir
carreteras, para la explotación de la propia tierra. Esto ha sucedido
sobre todo en el norte del país, donde los empresarios agrícolas se han
hecho de grandes extensiones de territorios para la implementación del
monocultivo de productos que se exportan a los Estados Unidos. El modelo
agroexportador incrementa el deterioro por la explotación intensiva de
las mejores tierras y de los distritos de riego.
Los capitalistas se han dado cuenta de lo finito de los recursos
naturales y han incluido en su discurso la dimensión de lo ambiental,
pero en los hechos nuestro país se encuentra sumamente deteriorado y no
dan cuenta de cómo detener la devastación. Estas condiciones han dado
lugar al nacimiento de algunos movimientos sociales que no
necesariamente están guiados por alguna filosofía política o inclinación
particular y que también se alimentan de las consecuencias de las
medidas que desde los años setenta se han tomado para hacer frente a la
crisis económica, que llevarían a la adopción del modelo neoliberal.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco
representa un ejemplo de cómo se han implementado las estrategias del
capitalista, con las distintas caras que tiene, pero también representa
un ejemplo de lucha que puede darnos alguna idea de por dónde caminar
hacia la lucha por una transformación social. Este movimiento social
logró cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México, que el gobierno federal pretendió construir en 2001 sobre
tierras ejidales de la zona de Texcoco (2001) en la región donde se
contempló el Plan Puebla- Panamá. La construcción del aeropuerto,
representaban no sólo la desposesión de los campesinos, sino también el
acceso a otros negocios para las empresas privadas: hoteles, comercios,
nuevas zonas residenciales, etcétera, así como un paso más hacia la
privatización del agua y la tierra.
Desde la derogación del decreto, los gobiernos -municipales, estatal y
federal- han insistido en la compra o despojo de las tierras
atenquenses dado que se canceló la posibilidad de expropiarlas, es
decir, arrebatarlas. Hoy los mecanismos son otros, pero el gobierno no
ha parado su intención de arrebatar el patrimonio de Atenco. Ahora no
sólo quieren las tierras, sino que han iniciado estrategias para
arrebatarles la autonomía de la administración y gestión del agua.
Del despojo de tierras
Todos los proyectos que el gobierno ha querido implementar en las
comunidades del municipio de Atenco tienen que ver con la insistencia
en imponer el aeropuerto. Un ejemplo son las concesiones que se le han
otorgado a OHL, fusión de siete empresas españolas que en México se
llama OHL Concesiones. Esta empresa ha tenido muchas alianzas con la
gestión del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto desde el 2003. OHL
ofrece servicios de infraestructura carretera, aeroportuaria,
ferroviaria y portuaria.
Distintos niveles de gobierno, pero principalmente el gobierno de
Peña Nieto, le concesionaron a este corporativo la construcción de las
cuatro fases del Circuito Exterior mexiquense, el Viaducto Bicentenario,
la autopista Puebla–Perote, la autopista Urbana Norte, el libramiento
Norte-Puebla y la Supervía Poetas, además de la operación del aeropuerto
de Toluca hasta el 2040. A su vez, OHL contrató a Alter Consultores
para la desincorporación de la propiedad social del Circuito Exterior
Mexiquense Bicentenario fases I, II, III, así como la liberación y
desincorporación de tierras de propiedad social y privada para el
libramiento norte de la ciudad de Puebla.
Alter Consultores dice que se dedica a la “elaboración de
diagnósticos de riesgo ejidal o comunal, así como de la pequeña
propiedad”. El director de Alter consultores es el licenciado Julio
Antonio Virgen Camaño, quien fuera delegado de la Procuraduría Agraria
del Estado de México desde el 2005; él tiene información estratégica de
los ejidos de esa región. Este ex delegado, en ese mismo año,
presentó un informe a nombre del Comité Operativo Estatal con el
resultado de la actividades de regularización desplegadas por las
instancias agrarias, junto con el Procurador Agrario, doctor Isaías
Rivera Rodríguez; el secretario general de gobierno del Estado de
México, ingeniero Manuel Cadena Morales; y el representante del
ejecutivo estatal, que en ese entonces era Arturo Montiel Rojas.
Alter Consultores está coludido con el gobierno y los grupos de poder
mexiquenses que llevaron a la presidencia a Enrique Peña Nieto. OHL es
una de las empresas señaladas por facilitar el dinero para la compra de
los más de cinco millones de votos de la imposición -en la elección
federal- que vivimos hoy día de un grupo de poder que quiere privatizar
muchos de nuestros recursos naturales y vender nuestra patria, un grupo
de poder represor.
No estoy diciendo que los demás partidos políticos o grupos de poder
no son corruptos, sabemos que todos lo son, pero este grupo es el que
insiste en la desaparición de estos pueblos y en la compra de
voluntades a través de despensas.
Los clientes de Alter Consultores son el gobierno del Estado de
México -o sea ellos mismos-, la administradora mexiquense del Aeropuerto
Internacional de Toluca, Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.
de C.V., así como Impulsora del Desarrollo y Empleo en América Latina,
de Grupo CARSO.
Alter Consultores está contratada por OHL para que lleve a cabo la
compra de las tierras en San Francisco Acuexcomac, San Salvador Atenco y
en la colonia Francisco I. Madero. Con la excusa de que son expertos en
resolver “conflictos agrarios”, los ingenieros Andrés Ixmatlahua Lemus y
Álvaro Paredes Pérez se ha presentado con los comisariados ejidales de
las comunidades mencionadas para ofrecer la compra de tierras para el
entronque de la autopista Peñón – Texcoco, que cruza los ejidos
mencionados y conecta a Acolman hacia Tulancingo, Hidalgo. Estos
técnicos operativos, como se presentaron, están a la orden del
ingeniero Roberto Muñoz Espinoza, quien fuera visitador agrario de la
propia Procuraduría Agraria y a quien reconocen los ejidatarios de estos
núcleos agrarios.
Las argumentaciones de esta empresa para comprar en estos tres ejidos
implican la intención de engañar a los ejidatarios. Primero los visitan
casa por casa. En el caso de San Salvador Atenco, visitaron a 33
ejidatarios de la tabla que se conoce como “El gachupín” diciéndoles que
la colonia Francisco I. Madero ya les había vendido su terreno; luego
visitaron a 43 ejidatarios de Acuexcomac, diciéndoles que San Salvador
Atenco ya había vendido. El 6 de mayo de este año, en asamblea ejidal,
el ejido de San Salvador Atenco rechazó la venta de las tierras,
mientras en Acuexcomac está por darse una asamblea de pueblo para tratar
este tema.
Los mismos técnicos les han dicho a algunos ejidatarios que el
artículo 27 constitucional ya cambió y que ahora pueden vender aunque no
tengan el dominio pleno de sus parcelas, que es el último paso del
Procede para abrir la puerta a la venta de tierras. Este paso legaliza
la parcelación de las tierras para el cambio de la propiedad social a la
privada. Si este paso no se ha dado en los núcleos ejidales, el destino
de las tierras se decide en la asamblea ejidal. Todo es una artimaña de
estos señores para confundir a los pobladores.
Otra argumentación es que tienen que vender ahorita que están pagando
porque en unos meses se puede reactivar una expropiación para esos
terrenos. Esto también es un engaño por parte de esta empresa
mencionada, ya que esto no puede ser posible por la derogación que gano
el FPDT en el 2002.
El gobierno del Estado de México también ha construido, en la gestión
de Peña Nieto, el libramiento Texcoco, la ampliación de la carretera
Calpulalpan – Texcoco, puentes distribuidores proyectados en el ejido de
San Salvador Atenco y San Fermín, al igual que las obras de drenaje
Túnel Emisor Oriente para evitar la saturación de agua en la zona. La
intención es poner en marcha un proyecto “ecológico” que desde el 2008
impulsó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denominado Zona de
Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. Este proyecto
destinaría aproximadamente el 80 por ciento de su presupuesto a la
compra de tierras; el resto sería para el mantenimiento del mismo. Si el
presupuesto del proyecto es del 20 por ciento, ¿por qué el gobierno no
dejó que los pueblos lo llevaran a cabo en vez de que el objetivo
principal sea la compra de tierras?
La Conagua compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac. En esta
última localidad lo hizo buscando a cada ejidatario, ofreciendo de 200 a
250 pesos por metro cuadrado y asesoría para cambiar la propiedad
social a privada. Ahí los ejidatarios tienen el dominio pleno de sus
tierras desde el 2008, cuestión que se dio en medio de la especulación
de sus tierras por parte de la Conagua; finalmente, se hizo el cambio y
se vendieron los terrenos. San Salvador Atenco y San Francisco
Acuexcomac se negaron a la venta de sus tierras.
El agua
En San Salvador Atento y Acuexcomac, así como en otros núcleos
agrarios, la Conagua ha incitado el bloqueo a las mejoras de los pozos
de agua que se utilizan para riego. En el ejido de Atenco existen
siete pozos de riego (San Antonio, la Purísima, La Manal, San
Bartolo, Espíritu Santo, Santa Rosa y La Galera), todos ellos
constituidos por sociedades ejidales de las unidades de riego
agrícola del ejido mencionado. Estos pozos están en la Cuenca del
Valle de Texcoco, donde hay una veda permanente de nuevos pozos
para los ejidatarios con la argumentación de la sobreexplotación de agua
del subsuelo; no hay ninguna posibilidad de realizar una gestión
para abrir un solo pozo más. Sin embargo, los gobiernos dan concesiones
a modo; por ejemplo, en la zona Texcoco – Chimalhuacán hay complejos
comerciales con uno o más pozos de agua potable para abastecerlos.
De igual manera, en los desarrollos de casas de “interés social”
-sobre todo las construidas por Casas ARA, como es el caso de San
Vicente Chicoloapan- el agua ya no es de la comunidad, si no para el
abastecimiento de las casas habitación.
Se han abierto más pozos en una devastada cuenca hidrográfica del
oriente del Estado de México mientras se niega la extracción a las
comunidades originarias. Cualquier ejido que se encuentra en esta
región tiene que pasar por un sinnúmero de trámites, además de que se
han modificado las políticas de concesión. Por ejemplo, las concesiones
se deben renovar cada cinco u ocho años, y de no hacerlo causan una
multa por retardo. Algunos ejidatarios no renovaron a tiempo, como es
el caso del pozo de La Manal, del ejido de San Salvador Atenco, y la
Purísima y Espíritu Santo de Acuexcomac. Estos no han podido renovar
su concesión por una serie de trámites que, en tiempos, lleva a la
terminación del plazo en el que tienen para pagar las multas y la misma
renovación; los pozos se clausuran con una tapa soldada con la leyenda
“Inviolable”.
El pozo de La Purísima se encuentra en los bordes del río San Bartolo
y es un pozo inhabilitado por la Conagua justo en la zona que Alter
Consultores pretende comprar. También han sufrido robo de instalaciones
eléctricas, transformadores y tableros, que los mismos ejidatarios
costean, como en el caso del pozo Espíritu Santo.
También están los cobros de luz por parte de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). No ha sido posible pagarlos en algunos pozos, y por
ello les cortan el suministro eléctrico; esto lo padecen los
ejidatarios desde hace varios años. Hoy día, San Salvador Atenco lleva
más de un mes sin agua potable porque la CFE cortó la luz del pozo que
los suministra. El derecho humano al acceso al agua es uno de los
aspectos que a la CFE se le escapan en estos casos. En el 2002, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
hizo la observación general número 15 sobre el derecho al agua; ahí
afirmó que es un derecho de todos “disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”.
En México ha habido diversas iniciativas -en 2008, 2009 y 2011- para
que se reconozca ese derecho a nivel constitucional, que llevaron a la
reforma al artículo cuarto constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 8 de febrero de 2012. En ella se adicionó un
párrafo a dicho artículo, que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Esta reforma tiene dos implicaciones. La primera es que CFE comete un
delito al cortar la luz, negando así la posibilidad de acceder al
servicio de agua. La segunda es sobre la intención de los priistas
locales, que se han manifestado sobre la municipalización de los pozos.
Atenco ha sobrevivido a la pérdida de capacidad de riego en sus
parcelas debido al manejo a modo de los pozos de riesgo por parte de la
Conagua. Ahora, la CFE se presta a cortar la luz, lo que se suma a las
condiciones de deterioro de los pozos.
Por si fuera poco, Atenco tiene que iniciar ahora otra resistencia
contra la intención de municipalizar –o sea, privatizar- el agua a
través de los pozos. El FPDT se pregunta quién garantiza que
municipalizando el agua van a garantizar el abasto de los pueblos,
cuando en otros municipios del Estado de México se ha visto que se
llevan el agua para las casas habitación, es decir, hacen negocio con
los recursos naturales.
Atenco nunca puso un letrero de “Se venden tierras”; sin embargo, el
gobierno federal, la Conagua, la CFE y el propio gobierno del Estado de
México especulan con el territorio de estos pobladores. Para el FPDT,
esto es ponerle precio al futuro de las familias atenquenses, a su
historia, a su identidad. Son las elites económicas y políticas las que
han provocado la división entre quien vende su voluntad y los que
defienden su futuro; han roto el tejido social desde el 2001.
El FPDT ha mostrado en estos años que lo que los gobiernos entienden
por progreso y desarrollo tiene que ver con las necesidades de esa
burguesía que nos gobierna y no con las necesidades de las y los
ciudadanos de nuestro país. El Frente evidenció también la falta de
congruencia de estos gobiernos neoliberales en torno a las necesidades
reales de nuestro pueblo.
Hoy día, el FPDT lucha por un bienestar común que no privilegie el
crecimiento económico de unos cuantos, el endeudamiento de muchos y la
miseria para casi todos, sino que genere una calidad de vida justa y
digna para cada uno de los mexicanos, así como el respeto a las formas
de organización comunitarias, campesinas e indígenas. Se trata de
respeto a su historia y a su identidad.
Estamos en tiempos de represión a los movimientos, de manipulación de
los medios de comunicación, de extracción y explotación de nuestros
recursos naturales, de conformación de una reserva de mano de obra
barata. Hoy día, el letrero de “Se vende” se quiere colocar a todos los
territorios que conforman nuestra patria, mientras se da a la par el
ascenso de elites económicas y políticas que simulan la construcción de
una democracia que ha servido para avalar la imposición en el poder. En
estas elecciones presidenciales se evidenció, ya sin disimulos, su
falta de respeto a la voz del pueblo, así como sus intenciones.
Por eso es que en estos tiempos de rapiña cínica y ante tanta
insistencia, cobra más relevancia la consigna que al unísono grita el
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Atenco no se vende, se ama y
se defiende. ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡La patria
no se vende, se ama y se defiende!
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