Crecen las amenazas contra Leonel y Sandino Rivero, encargados de la
defensa en distintos casos de corte social y político. “Es algo que no
podemos permitir, ni contra ellos ni contra nadie”, claman sus
defendidos desde Atenco.
México, DF. Detrás de las
amenazas a los abogados Leonel y Sandino Rivero “hay intereses muy
grandes”, considera Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra de Atenco. “Los amenazan a ellos, a periodistas, a todo
mundo. Nos quieren tener controlados y no lo debemos permitir”, agrega
la activista. Leonel Rivero exige a las autoridades que investiguen
verdaderamente las amenazas, pues “de nada sirve traer escolta si no
podemos hacer nuestro trabajo”.
El abogado habla con conocimiento de
causa: de todas las amenazas recibidas durante su trabajo, ninguna –ni
siquiera el atropellamiento de su esposa- se ha resuelto a fondo. Las
autoridades de la Procuraduría General de la República ya anunciaron que
archivará el caso más reciente, que tuvo sus momentos cumbre en marzo
de 2013, con el allanamiento del despacho-casa de los Rivero en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, y la irrupción y registro fotográfico de una reunión
de trabajo en Colima.
El nuevo ciclo de amenazas comenzó en
enero de 2013, cuando los titulares del despacho Defensa Estratégica en
Derechos Humanos tomaron el caso del famoso preso tzotzil Alberto
Patishtán –quien fue liberado en octubre del mismo año, después de 13
años de cárcel acusado del homicidio de siete policías- y entraron a la
coadyuvancia del caso de Juan Francisco Kuykendall, asesinado
presumiblemente por fuerzas policiacas federales durante las protestas
contra la asunción presidencial de Enrique Peña Nieto.
No son los primeros casos del alto
relieve político que estos abogados litigan. Leonel Rivero fue defensor
exitoso de estudiantes universitarios del Consejo General de Huelga
(CGH) y de los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra;
trabajó en el caso de su colega asesinada, Digna Ochoa; su despacho
defiende a los guardias comunitarios de Aquila, Michoacán, y trabaja en
el caso de dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Para Atenco, la intervención de los
abogados Rivero en su caso significó, en dos ocasiones (2002 y 2006) la
libertad de sus principales líderes. “Es un abogado completamente
honesto. Tiene las herramientas jurídicas, pero también la visión de
derechos humanos. No es de los que va, toma tu caso, te engaña y luego
te dice que no se pudo hacer nada”, resalta Trinidad Ramírez.
“Consideramos muy grave que lo estén amenazando”.
Ante la falta de garantías, ser abogado o
defensor de los derechos humanos implica no poder llevar a cabo su
trabajo, “una labor que debe estar libre de cualquier tipo de
obstrucción y amenaza. Implica lo que hace algunos años Amnistía
Internacional señaló del trabajo de los defensores de derechos humanos,
que se ponían en la línea de fuego. Lamentablemente es poco alentador,
pero así se está viviendo”, reconoce Rivero.
Espionaje sofisticado
Las amenazas comenzaron en enero de
2013, cuando el despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos entró a
los casos de Patishtán y Kuykendall. Los primeros actos de
hostigamiento consistieron en la grabación de sus conversaciones
telefónicas y su diario envío a los buzones de voz de los teléfonos
celulares de Leonel y Sandino Rivero. Las conversaciones grabadas,
especifica el abogado, eran las relacionadas con los asuntos más
sensibles del día. Curiosamente, los mensajes eran borrados en momentos
posteriores.
“En principio pensamos que era una falla
técnica de la empresa TELCEL, que nos explicó que era imposible que eso
sucediera. A partir de ese momento, y dado que estábamos en etapas
sensibles de esos asuntos, decidimos solicitar la incorporación al
Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas”, explica el
litigante. Las medidas de protección les fueron otorgadas en marzo de
2013, y se les solicitó interponer una denuncia ante la Procuraduría
General de la República (PGR).
Los mensajes grabados continuaron a lo largo de 2013 y hasta febrero de 2014, de forma casi diaria, revela Rivero Rodríguez.
El hostigamiento subió de intensidad. Ya
no sólo se trataba de conversaciones telefónicas grabadas, sino de
charlas sostenidas en sus oficinas de Tuxtla Gutiérrez y en sus
domicilios. Aunque los abogados no señalan a un responsable en
particular, “evidentemente, todo eso necesita de un alto nivel de
sofisticación y de aparatos de intercepción telefónica que no cualquiera
tiene”, acusa.
Los defensores tomaron los casos de
Aquila, además de los militantes del EPR, “lo que generó cierta
inquietud en algunas instituciones a las que la familia y el grupo
armado han atribuido su participación en la desaparición”. En las
primeras horas del 17 de enero de 2014, Leonel Rivero recibió amenazas
directas en su casa. Le dijeron: “Mira, no me estés chingando la madre
porque te estoy hablando bien, verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a
decir quién soy, verdad, pero soy algo“. Los abogados optaron por
cambiar el número telefónico de su domicilio.
A inicios de marzo, los abogados
sostuvieron una reunión con familiares de guardias comunitarios de
Aquila en el salón de un hotel, en Colima. Aunque se trató de una
reunión de trabajo privada, tres individuos trataron de irrumpir con
cámaras y grabadoras bajo el argumento de ser periodistas; nunca
mostraron una identificación, pero sí fotografiaron a los asistentes.
El 10 de marzo se dio el allanamiento a
las oficinas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El abogado, que siempre toma
ciertas medidas antes de salir, dejó la casa cerrada. Al volver, se
encontró con las puertas traseras abiertas y las luces encendidas.
“Son tantos los intereses del gobierno
en este caso, y de quienes están detrás de las amenazas, que cualquier
abogado honesto y que trabaja para el pueblo les estorba”, declara
Trinidad Ramírez.
Escoltas e impunidad
Las amenazas de muerte y hostigamientos
contra el abogado Rivero se han dado desde el año 2000 e incluyen toda
una variedad de acciones: allanamiento y apedreamiento a su domicilio,
grabaciones telefónicas amenazantes, una agresión a sus escoltas después
del asesinato de Digna Ochoa, el asesinato de uno más, el
atropellamiento de su esposa y llamadas.
La constante en todos los actos de
intimidación ha sido que no se castigan; incluso, al responsable del
atropellamiento (“al que nosotros detuvimos”, precisa Leonel Rivero) se
le liberó. La periodista Blanche Petrich reportó en 2005 que ninguna de
las denuncias anteriores se resolvió (alguna fue calificada de “broma”
por las autoridades) y que en al menos tres ocasiones, la Secretaría de
Relaciones Exteriores solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) levantar las medidas de protección de que gozaban Leonel
Rivero y otros dos litigantes.
El patrón de amenazas e impunidad
“desafortunadamente” no es nuevo, reconoce Rivero. Está como ejemplo el
asesinato de Digna Ochoa y todas las agresiones de que fue objeto la
también abogada Pilar Noriega –ambas compañeras de Rivero.
Sobre las actuales agresiones, el
Mecanismo de Protección (dependiente de la Secretaría de Gobernación)
brindó a los dos abogados escolta, además de que en las fueras de sus
oficinas de Tuxtla Gutiérrez hay elementos de la policía estatal.
“Lo que solicitamos es que el Estado
investigue de forma eficaz”, reitera el abogado, y agrega que en el mes
de febrero de 2014 recibieron una notificación de la PGR de que su caso
se enviaría a reserva por no encontrar elementos suficientes para
continuar con la investigación. La Procuraduría ordenó anteriormente un
barrido electrónico para detectar los aparatos con los que estarían
grabando a los abogados, pero la diligencia no se llevó a cabo sin que
se hayan explicado las razones.
Trinidad Ramírez advierte que desde
Atenco, estarán pendientes de la situación. “Y seguiremos trabajando con
ellos, porque nuestras tierras siguen amenazadas”, abunda. “Nosotros
confiamos totalmente en él”.
“Lo que se requiere es que realmente se
garantice el ejercicio de nuestro trabajo, porque desde el momento en
que se graban las conversaciones con nuestros clientes, se pierde
cualquier tipo de privacidad en las comunicaciones, no podemos
establecer ningún tipo de estrategia ni hablar de cuestiones delicadas
de los procesos. De algunos de nuestros clientes se puede poner en
riesgo su vida o su integridad física”, finaliza Rivero.
Fuente:
Ligas
Amnistía Internacional denuncia amenazas contra abogados de Patishtán
Chiapas/Nacional: Abodagos de Patishtán y policías comunitarias de Michoacán denuncian amenazas y hostigamientos
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