San Salvador Atenco, Méx.
El juez décimo segundo de distrito con sede en Nezahualcóyotl, José
Manuel Torres Ángel, admitió la demanda de amparo que interpusieron los
miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San
Salvador Atenco, en la que demandan se restituya la medida cautelar en
el Tribunal Unitario Agrario para impedir que se continúe con los
trámites de titulación y la venta de las más de mil hectáreas del núcleo
ejidal de Atenco.
El abogado del FPDT, Ricardo Arturo Lagunes Gasca
informó que el juez le asignó a su demanda de amparo el número 1016/2014
y al mismo tiempo emplazó al Tribunal Unitario Agrario de Texcoco y a
la delegación del Tribunal Agrario Nacional en el estado de México, con
sede en Toluca, a brindar un informe sobre el porqué echó atrás dicha
medida cautelar con la que contaban los atenquenses y que impedía la
venta de tierras.
Además, señaló que el juez fijó como fecha
constitucional para el 15 de octubre para que se lleve a cabo la
audiencia sobre la demanda de amparo.
“Le estamos pidiendo al juez de que se conceda el
amparo para que se restituya esta medida cautelar porque es necesaria
para preservar la materia del juicio agrario, 400/2014 porque de
continuar con la tramitación de esa acta de asamblea, las ventas se van
entrar en curso y va ser legalmente dificil impedirlas y lo que queremos
es que no se realice éstas transacciones hasta que se resuelva el
juicio agrario y se determine si esa acta de asamblea es válida o no
desde el punto de vista agrario y desde el derecho internacional de los
pueblos originarios”, dijo.
Los miembros del FPDT habían interpuesto el juicio
400/2014 el pasado mes de junio en el Tribunal Unitario Agrario, para
exigir la anulación de la asamblea celebrada el pasado primero de ese
mes, en donde se aprobó el cambio de uso de suelo de más de mil
hectáreas pasando de uso común, a terrenos parcelados y de terrenos
parcelados y a dominio pleno, a fin de poder enajenar las tierras.
Los integrantes del FPDT tenían ya ganada una medida
cautelar y suspensión provisional contra dicha asamblea, argumentando
que se cometieron serias irregularidades. Sin embargo, el lunes pasado,
el juez Daniel Magaña Méndez determinó dejar sin efecto dicha
suspensión.
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