La procuraduría del estado de México las convoca a pactar una indemnización
Justicia y no dinero, piden 11 víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco
Emir Olivares e Israel Dávila
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5
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| Mario Patrón, Norma Jiménez, Stephanie Brewer, Edith Rosales y Bárbara Italia Méndez, durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProFoto Luis Humberto González |
Mujeres víctimas de tortura sexual durante el
operativo policiaco de hace nueve años en San Salvador Atenco
advirtieron que la reparación real del ataque que sufrieron no pasa por
lo económico, sino por el acceso a la verdad y la justicia.
Las 11 víctimas, quienes acudieron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano, demandaron
que el gobierno de Enrique Peña Nieto no persista en el intento por
evitar que el organismo internacional emita su informe sobre el caso.
Confiaron en que ese organismo internacional emita su resolución de
fondo sobre los actos en su contra. Esto, para que entre las
recomendaciones de la CIDH se pueda establecer la necesidad de
investigar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo a las
cadenas de mando y a quienes ocupaban cargos institucionales, entre
ellos el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del
Ejecutivo federal, Peña Nieto, quien asumió públicamente haber ordenado
el operativo.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, tres de las agredidas criticaron que en la Gaceta Oficial
del estado de México se haya informado sobre la creación de un
fideicomiso para dar apoyo económico a las mujeres que durante el
operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 (con elementos estatales y
federales) sufrieron tortura sexual.
Edith Rosales lamentó que, lejos de buscar la justicia, las
autoridades continúen obstaculizando el proceso. ‘‘El fideicomiso es una
forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber
utilizado nuestro cuerpo. Con la reparación económica quieren terminar
todo un proceso de lucha’’.
Otra de las víctimas, Norma Jiménez, indicó que continuarán su
lucha sin importar cuánto tiempo más tengan que pelear por la justicia.
A su vez, Stephanie Brewer, abogada del Centro Prodh, indicó que el
fondo económico es un intento del Estado mexicano por postergar el
informe de la CIDH, mismo que se podría presentar en la próxima sesión
de esa comisión en junio.
Posteriormente, el organismo daría a las autoridades un periodo para
cumplir con los exhortos y si el Estado mexicano no los cumple, el caso
podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, en Toluca, el titular de la Procuraduría General de
Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, llamó a las 11 víctimas de
tortura en los operativos de Atenco para que acudan al Instituto Estatal
de Atención a Víctimas del Delito para pactar la indemnización que debe
cubrir el gobierno mexiquense, como parte de la reparación del daño
ocasionado por el Estado.
Aclaró que el Estado mexicano ha reconocido ante la CIDH la
responsabilidad de violaciones a garantías individuales en el operativo
policiaco de mayo de 2006, y ha manifestado su voluntad de avanzar en el
cumplimiento de justicia.
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