A quien corresponda
De lo sucedido el 3 y 4 de mayo del 2006 en nuestro pueblo, San Salvador Atenco, y Texcoco, el pasado jueves 21 de agosto del presente año recibimos la noticia de que Oscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Narciso Arellano Hernández, Julio Cesar Espinosa Ramírez, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Adán Ordoñez Romero, Inés Rodolfo Cuellar, Pedro Reyes Flores, Edgar Eduardo Morales Reyes y Alejandro Pilón Zacate habían recibido una condena de 31 años 10 meses y 15 días de prisión por el supuesto delito de Secuestro Equiparado, además de que Ignacio Del Valle, recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano con una sentencia de 67 años y medio de cárcel por el supuesto delito de Secuestro Equiparado, recibía una sanción de 45 años más por Secuestro Equiparado en los Hechos de mayo de 2006 en Atenco (la cual resulta pequeña a juicio del Ministerio Publico pues hace poco entrego a los familiares de Ignacio una notificación donde se les informa su total desacuerdo al tamaño de esta pues consideran son muy pocos años y apelaran por que sea sancionado con una pena más alta), lo que lo deja con una pena total de 112 años. Lo anterior se suma a las condenas de Felipe Álvarez y Héctor Galindo que también son de 67 años y medio y a la vigencia de ordenes de aprehensión en contra de América Del Valle, Bernardino Cruz y Adán Espinosa.
Consideramos que el proceso jurídico que se emprendió desde hace más de dos años se ha caracterizado por la falta de argumentos para justificar la culpabilidad de nuestros compañeros ya que se sentencia sin ninguna prueba real y material es decir que se basan en supuestos, en declaraciones genéricas que no individualiza la conducta para acreditar el delito que injustamente se les imputa. En un proceso amañado, plagado de irregularidades que se basa en la declaración de una sola persona: un comandante participe de los hechos ocurridos en mayo del 2006.
Por lo anterior, sostenemos que las sentencias dictadas a nuestros compañeros son parte de una venganza articulada desde el gobierno federal y del Estado de México por habernos opuesto a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en nuestras tierras. La más aberrante de las anomalías es que el Juez primero de lo Penal del Molino de las Flores Jorge Alberto Cervantes Juárez, quien sentencio a nuestros 10 compañeros recluidos en ese penal, le dijo a uno de los familiares de estos que “la orden venía directamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.
En ese sentido nos preguntamos ¿Cuál ley y cual justicia? Vemos con indignación que se está haciendo uso de todo el aparato legal para reprimir nuestra lucha, haciendo culpable al inocente.
Igualmente, denunciamos que existe un ensañamiento en contra de Ignacio Del Valle, cuyo único delito es haber defendido su tierra junto con nuestro pueblo. Al respecto, hace unas semanas Felipe Calderón propuso la legalización de la cadena perpetua, pero con el caso de nuestro compañero se demuestra que en la realidad esta ya existe. Y ahora existe la posibilidad de que se realice un “traslado masivo” en el Penal del Altiplano donde varios de los reclusos, entre los que se encuentran él y nuestros otros dos compañeros, serían reubicados en otros penales de máxima seguridad del país, con lo que se estaría rompiendo el contacto entre ellos y sus familiares, situación que viene a sumarse al trato represivo en su contra ya de por si en aumento con las múltiples vejaciones que sufren al interior del Penal como maltratos físicos, días y semanas que pasan privados de alimento y la realización, obligándolos, de sentadillas al desnudo.
Nuestros compañeros no son delincuentes, esta más que demostrado por diferentes instancias no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. También esta comprobado que los días 3 y 4 de mayo la policía federal y estatal allanaron viviendas sin orden de cateo, detuvieron a cientos de personas, incluyendo menores de edad, sin contar con orden de aprehensión, torturaron física y psicológicamente a varias más, violaron y vejaron a decenas de mujeres y asesinaron a dos jóvenes, Javier Cortes de 14 años y Alexis Benhumea de 21. Nos cuestionamos, ¿qué otras pruebas necesita la justicia mexicana para castigar a los verdaderos delincuentes? Nuestros compañeros no cometieron delito alguno, nunca se ha podido comprobar su supuesta culpabilidad, no hay pruebas de absolutamente nada.
Esto se contrasta con el discurso federal y estatal en contra de la delincuencia por que a nuestros compañeros se les enjuicia y a quienes participaron y ordenaron la entrada violenta a nuestro pueblo el 3 y 4 de mayo del 2006 gozan de libertad. Ni uno de los golpeadores, ni uno de los violadores, ni uno de los asesinos han pisado la cárcel: ellos gozan de total impunidad. Se dice, al mismo tiempo, que están dispuestos a terminar con el crimen mientras se mantiene sin castigo alguno a los verdaderos criminales.
De la misma manera, nuestra inquietud crece cuando todo esto se conjuga con el anuncio de diciembre del año pasado de la reactivación del proyecto aeroportuario en Texcoco. Se ha dicho que en esta ocasión no se pretende que este se construya en ningún terreno de nuestro pueblo y que se realizará en la zona federal del ex lago de Texcoco, pero la mancha urbana que vendrá con el y la inminente satisfacción de necesidades de esta nos genera un sentir de que tarde que temprano seremos despojados de nuestros hogares y recursos naturales.
Siendo así, exigimos que nuestros 13 compañeros aun presos sean liberados de manera absoluta e inmediata, sin condiciones pues su inocencia es probada, que se retiren todas las órdenes de aprehensión que pesan sobre otros 3 compañeros más, que se castigue a quienes ordenaron y ejecutaron la agresión en contra de nuestro pueblo y que se cancele el nuevo proyecto de Aeropuerto.
Atentamente
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
De lo sucedido el 3 y 4 de mayo del 2006 en nuestro pueblo, San Salvador Atenco, y Texcoco, el pasado jueves 21 de agosto del presente año recibimos la noticia de que Oscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Narciso Arellano Hernández, Julio Cesar Espinosa Ramírez, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Adán Ordoñez Romero, Inés Rodolfo Cuellar, Pedro Reyes Flores, Edgar Eduardo Morales Reyes y Alejandro Pilón Zacate habían recibido una condena de 31 años 10 meses y 15 días de prisión por el supuesto delito de Secuestro Equiparado, además de que Ignacio Del Valle, recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano con una sentencia de 67 años y medio de cárcel por el supuesto delito de Secuestro Equiparado, recibía una sanción de 45 años más por Secuestro Equiparado en los Hechos de mayo de 2006 en Atenco (la cual resulta pequeña a juicio del Ministerio Publico pues hace poco entrego a los familiares de Ignacio una notificación donde se les informa su total desacuerdo al tamaño de esta pues consideran son muy pocos años y apelaran por que sea sancionado con una pena más alta), lo que lo deja con una pena total de 112 años. Lo anterior se suma a las condenas de Felipe Álvarez y Héctor Galindo que también son de 67 años y medio y a la vigencia de ordenes de aprehensión en contra de América Del Valle, Bernardino Cruz y Adán Espinosa.
Consideramos que el proceso jurídico que se emprendió desde hace más de dos años se ha caracterizado por la falta de argumentos para justificar la culpabilidad de nuestros compañeros ya que se sentencia sin ninguna prueba real y material es decir que se basan en supuestos, en declaraciones genéricas que no individualiza la conducta para acreditar el delito que injustamente se les imputa. En un proceso amañado, plagado de irregularidades que se basa en la declaración de una sola persona: un comandante participe de los hechos ocurridos en mayo del 2006.
Por lo anterior, sostenemos que las sentencias dictadas a nuestros compañeros son parte de una venganza articulada desde el gobierno federal y del Estado de México por habernos opuesto a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en nuestras tierras. La más aberrante de las anomalías es que el Juez primero de lo Penal del Molino de las Flores Jorge Alberto Cervantes Juárez, quien sentencio a nuestros 10 compañeros recluidos en ese penal, le dijo a uno de los familiares de estos que “la orden venía directamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.
En ese sentido nos preguntamos ¿Cuál ley y cual justicia? Vemos con indignación que se está haciendo uso de todo el aparato legal para reprimir nuestra lucha, haciendo culpable al inocente.
Igualmente, denunciamos que existe un ensañamiento en contra de Ignacio Del Valle, cuyo único delito es haber defendido su tierra junto con nuestro pueblo. Al respecto, hace unas semanas Felipe Calderón propuso la legalización de la cadena perpetua, pero con el caso de nuestro compañero se demuestra que en la realidad esta ya existe. Y ahora existe la posibilidad de que se realice un “traslado masivo” en el Penal del Altiplano donde varios de los reclusos, entre los que se encuentran él y nuestros otros dos compañeros, serían reubicados en otros penales de máxima seguridad del país, con lo que se estaría rompiendo el contacto entre ellos y sus familiares, situación que viene a sumarse al trato represivo en su contra ya de por si en aumento con las múltiples vejaciones que sufren al interior del Penal como maltratos físicos, días y semanas que pasan privados de alimento y la realización, obligándolos, de sentadillas al desnudo.
Nuestros compañeros no son delincuentes, esta más que demostrado por diferentes instancias no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. También esta comprobado que los días 3 y 4 de mayo la policía federal y estatal allanaron viviendas sin orden de cateo, detuvieron a cientos de personas, incluyendo menores de edad, sin contar con orden de aprehensión, torturaron física y psicológicamente a varias más, violaron y vejaron a decenas de mujeres y asesinaron a dos jóvenes, Javier Cortes de 14 años y Alexis Benhumea de 21. Nos cuestionamos, ¿qué otras pruebas necesita la justicia mexicana para castigar a los verdaderos delincuentes? Nuestros compañeros no cometieron delito alguno, nunca se ha podido comprobar su supuesta culpabilidad, no hay pruebas de absolutamente nada.
Esto se contrasta con el discurso federal y estatal en contra de la delincuencia por que a nuestros compañeros se les enjuicia y a quienes participaron y ordenaron la entrada violenta a nuestro pueblo el 3 y 4 de mayo del 2006 gozan de libertad. Ni uno de los golpeadores, ni uno de los violadores, ni uno de los asesinos han pisado la cárcel: ellos gozan de total impunidad. Se dice, al mismo tiempo, que están dispuestos a terminar con el crimen mientras se mantiene sin castigo alguno a los verdaderos criminales.
De la misma manera, nuestra inquietud crece cuando todo esto se conjuga con el anuncio de diciembre del año pasado de la reactivación del proyecto aeroportuario en Texcoco. Se ha dicho que en esta ocasión no se pretende que este se construya en ningún terreno de nuestro pueblo y que se realizará en la zona federal del ex lago de Texcoco, pero la mancha urbana que vendrá con el y la inminente satisfacción de necesidades de esta nos genera un sentir de que tarde que temprano seremos despojados de nuestros hogares y recursos naturales.
Siendo así, exigimos que nuestros 13 compañeros aun presos sean liberados de manera absoluta e inmediata, sin condiciones pues su inocencia es probada, que se retiren todas las órdenes de aprehensión que pesan sobre otros 3 compañeros más, que se castigue a quienes ordenaron y ejecutaron la agresión en contra de nuestro pueblo y que se cancele el nuevo proyecto de Aeropuerto.
Atentamente
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
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