Insiste México en negar justicia a víctimas de violación en Atenco
Por Anayeli García Martínez
México, DF 07 oct. 10 (CIMAC).- El gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no admita el caso de 11 de las 26 mujeres, que fueron víctimas de violación sexual, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, porque las instancias nacionales “aún lo están investigando”.
Además insistió en que las peticionarias han tenido diversas vías y recursos legales para acceder a la justicia. Con esta respuesta, el Estado mexicano no reconoce los hechos ocurridos hace cuatro años y tampoco acepta su responsabilidad en ellos, dijo en conferencia de prensa, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación que lleva estros casos ante el sistema interamericano.
Aunque en febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que en los operativos de 2006, se cometieron graves violaciones a derechos humanos; y pese a que el 30 de junio de este año, este mismo tribunal ordenó la liberación de 12 presos políticos que participaron en esos hechos, el Estado mexicano sigue negando la justicia para 11 mujeres violadas sexualmente.
Los enfrentamientos entre policías estatales y federales con ejidatarios del lugar, el 3 y 4 de mayo de 2006, dejaron como saldo 211 detenidos, de estos 47 eran mujeres; 26 fueron abusadas y violadas sexualmente, 13 denunciaron y ante la falta de justicia sólo 11 siguen un proceso ante la CIDH.
Jaqueline Sáenz precisó que el 29 de abril de 2008, las 11mujeres denunciantes de tortura sexual, –acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- decidieron acudir a la CIDH, al considerar que la investigación en las instancias nacionales no tenía avances.
Conforme a la normatividad de este organismo internacional, el 10 de diciembre de 2009, la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano, concediéndole dos meses para presentar sus observaciones.
Éste no respondió en ese tiempo, por lo cual, solicitó una prórroga que le fue concedida. Fue así que, el 23 de julio de este año finalmente envió un informe con sus observaciones.
En este documento, que el Centro Prodh conoció el primero de septiembre, el Estado mexicano señaló que la investigación estaba abierta, y además informó que absolvió por completo a cinco policías que eran procesados por abuso de autoridad, aunque en la denuncia se les acusó de tortura.
De acuerdo con Jaqueline Sáenz, esta afirmación se suma al patrón de respuestas que México da ante los organismos internacionales, “niega que se violan los derechos humanos y dice que se investiga”.
La abogada mencionó que desde julio de 2009, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), no se ha realizado ninguna diligencia, porque “la averiguación previa es demasiado extensa y aún se está revisando”.
Asimismo declaró que de acuerdo con el documento enviado a la CIDH, dentro de las diligencias que la PGJEM piensa realizar, se encuentran: solicitar que las denunciantes declaren, aún cuando ya lo hicieron de forma amplia y clara; y que se practique el Protocolo de Estambul (manual para investigar la tortura), pese a que éste ya se realizó y se obtuvieron resultados positivos.
Jaqueline Sáenz refirió que el primero de octubre, el Centro Prodh y Cejil, enviaron un documento a la CIDH donde hacen observaciones al informe del Estado mexicano, entre estas que aunque no se han agotado los recursos internos, tampoco hay una investigación seria, imparcial independiente y piden al organismo internacional que a la brevedad admita el caso.
Ante estos hechos, Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas que decidió acudir al sistema interamericano, señaló que la respuesta del Estado mexicano, es un agravio para las denunciantes y además muestra la evidente dilación de la justicia porque los policías que fueron consignados, al final fueron absueltos.
Señaló que continuarán con su denuncia aunque ello signifique un camino largo gracias a que “las autoridades responsables siguen mintiendo”, en especial el gobernador del Estado de México, quien ordenó los operativos para “restablecer el orden” y quien ha declarado que lo volvería a hacer.
Consideró que para las víctimas de tortura sexual, un aliciente más fue la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, contra el Estado mexicano, por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, esta resolución “vuelve a poner en la mesa el tema de la violencia sexual contra las mujeres”, afirmó.
México, DF 07 oct. 10 (CIMAC).- El gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no admita el caso de 11 de las 26 mujeres, que fueron víctimas de violación sexual, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, porque las instancias nacionales “aún lo están investigando”.
Además insistió en que las peticionarias han tenido diversas vías y recursos legales para acceder a la justicia. Con esta respuesta, el Estado mexicano no reconoce los hechos ocurridos hace cuatro años y tampoco acepta su responsabilidad en ellos, dijo en conferencia de prensa, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación que lleva estros casos ante el sistema interamericano.
Aunque en febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que en los operativos de 2006, se cometieron graves violaciones a derechos humanos; y pese a que el 30 de junio de este año, este mismo tribunal ordenó la liberación de 12 presos políticos que participaron en esos hechos, el Estado mexicano sigue negando la justicia para 11 mujeres violadas sexualmente.
Los enfrentamientos entre policías estatales y federales con ejidatarios del lugar, el 3 y 4 de mayo de 2006, dejaron como saldo 211 detenidos, de estos 47 eran mujeres; 26 fueron abusadas y violadas sexualmente, 13 denunciaron y ante la falta de justicia sólo 11 siguen un proceso ante la CIDH.
Jaqueline Sáenz precisó que el 29 de abril de 2008, las 11mujeres denunciantes de tortura sexual, –acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- decidieron acudir a la CIDH, al considerar que la investigación en las instancias nacionales no tenía avances.
Conforme a la normatividad de este organismo internacional, el 10 de diciembre de 2009, la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano, concediéndole dos meses para presentar sus observaciones.
Éste no respondió en ese tiempo, por lo cual, solicitó una prórroga que le fue concedida. Fue así que, el 23 de julio de este año finalmente envió un informe con sus observaciones.
En este documento, que el Centro Prodh conoció el primero de septiembre, el Estado mexicano señaló que la investigación estaba abierta, y además informó que absolvió por completo a cinco policías que eran procesados por abuso de autoridad, aunque en la denuncia se les acusó de tortura.
De acuerdo con Jaqueline Sáenz, esta afirmación se suma al patrón de respuestas que México da ante los organismos internacionales, “niega que se violan los derechos humanos y dice que se investiga”.
La abogada mencionó que desde julio de 2009, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), no se ha realizado ninguna diligencia, porque “la averiguación previa es demasiado extensa y aún se está revisando”.
Asimismo declaró que de acuerdo con el documento enviado a la CIDH, dentro de las diligencias que la PGJEM piensa realizar, se encuentran: solicitar que las denunciantes declaren, aún cuando ya lo hicieron de forma amplia y clara; y que se practique el Protocolo de Estambul (manual para investigar la tortura), pese a que éste ya se realizó y se obtuvieron resultados positivos.
Jaqueline Sáenz refirió que el primero de octubre, el Centro Prodh y Cejil, enviaron un documento a la CIDH donde hacen observaciones al informe del Estado mexicano, entre estas que aunque no se han agotado los recursos internos, tampoco hay una investigación seria, imparcial independiente y piden al organismo internacional que a la brevedad admita el caso.
Ante estos hechos, Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas que decidió acudir al sistema interamericano, señaló que la respuesta del Estado mexicano, es un agravio para las denunciantes y además muestra la evidente dilación de la justicia porque los policías que fueron consignados, al final fueron absueltos.
Señaló que continuarán con su denuncia aunque ello signifique un camino largo gracias a que “las autoridades responsables siguen mintiendo”, en especial el gobernador del Estado de México, quien ordenó los operativos para “restablecer el orden” y quien ha declarado que lo volvería a hacer.
Consideró que para las víctimas de tortura sexual, un aliciente más fue la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, contra el Estado mexicano, por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, esta resolución “vuelve a poner en la mesa el tema de la violencia sexual contra las mujeres”, afirmó.
El día de hoy tenemos alerta roja porque las 11 mujeres que sufrieron violencia y tortura sexual en Atenco, denuncian al Estado mexicano como responsable de las violaciones a sus derechos humanos, quien se opone a que sea declarada la admisibilidad del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado debe ser condenado para que las mujeres accedan a la justicia integral y sean adoptadas las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
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