lunes, 6 de febrero de 2012

Se realizó en Atenco el 2° Encuentro Nacional de Desplazados

Son víctimas de represión y de grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla
Maestros y agrupaciones como el FPDT piden a gobiernos estatales y federal resguardo para su retorno
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Indígenas triqui efectuaron el pasado fin de semana una caravana de regreso a la comunidad de San Juan Copala; sin embargo, no pudieron regresar dado que no había condiciones de seguridadFoto Jorge A. Pérez Alfonso
 
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de febrero de 2012, p. 27
San Salvador Atenco, Méx., 3 de febrero. En México más de cien mil personas se encuentran desplazadas de manera forzada de sus comunidades de origen, aseguraron representantes de por lo menos 20 organizaciones campesinas, sociales y estudiantiles, en el segundo Encuentro Nacional de Desplazados, en este municipio mexiquense.

Las agrupaciones, que forman un frente para apoyar a los poblaciones que viven este problema, exigieron la desaparición de grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, así como garantías a los gobiernos federal y estatales para que los desplazados retornen a sus comunidades.

En el encuentro, la Unión Campesina Independiente de Puebla, Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestros de la Universidad Autónoma Chapingo definirán las acciones a seguir con marchas, foros y encuentros.

En el auditorio ejidal de San Salvador Atenco, líderes y miembros de dichas organizaciones compartieron experiencias de desplazamiento forzado en el país, en busca de formar una coordinadora nacional para enfrentar el problema.

Víctor Castillo, de San Juan Copala, denunció que a más de un año de las mesas de diálogo entre habitantes y los gobiernos federal y de Oaxaca, este último ha actuado del lado de los grupos paramilitares y todavía 120 familias se encuentran desplazadas.

Explicó que el pasado fin de semana, 70 familias pretendieron regresar a su comunidad, pero no pudieron hacerlo debido a que no había condiciones de seguridad.

Bartolomé Melchi Santiago, de la UCI de Puebla, expuso el caso de 517 familias de Huitzilán de Serdán, desplazadas por la represión en su contra, ejercida desde 1983 por la organización priísta Antorcha Campesina. Dijo que en la actualidad 10 compañeros se encuentra presos en los penales de Tapexi y San Miguel en Puebla.

Ignacio del Valle Medina y Martha Pérez, del FPDT afirmaron que el responsable del desplazamiento forzado es el Estado y el capitalismo, vía Ejército y policías, así como por sus proyectos neoliberales.
Las agrupaciones exigieron solucionar las demandas de las familias afectadas por el taponamiento del río Grijalva, en Chiapas y reparar los daños a los desplazados de la colonia Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, y el municipio de Frontera Comalapa.

Expresaron su rechazo al proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco que la Comisión Nacional del Agua pretende desarrollar en ejidos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.







En Puebla y Oaxaca paramilitares pueden más que los gobiernos de coalición: líderes
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El segundo Encuentro Nacional de Desplazados qe se llevó a cabo en San Salvador Atenco, concluyó este sábado con la participación de organizaciones de Puebla, estado de México, Chiapas, Oaxaca y Distrito Federal. La reunión fue moderada por estudiantes de la UNAM y la UACh Foto René Ramón
 
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2012, p. 27
San Salvador Atenco, Méx., 4 de febrero. Participantes del segundo Encuentro Nacional de Desplazados acordaron exigir al gobierno federal crear una ley de amnistía para todos los presos políticos del país.

Durante el segundo y último día de discusión, los ponentes también exigieron a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué y Juan Sabines, respectivamente, frenar la persecución contra los líderes y las organizaciones que luchan por evitar el desplazamiento forzado de pobladores de San Juan Copala.
Reunidos en la casa ejidal de San Salvador Atenco, este sábado concluyó la reunión, moderada por estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Autónoma Chapingo (UACh), acto en el cual participaron organizaciones de Puebla, México, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.

Cristóbal Martínez y Griselda Victoria del Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, denunciaron que hay 26 presos de conciencia en el sureste mexicano.

Exigieron la liberación de sus líderes Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, a quienes encarceló el gobierno de Juan Sabines por sumarse a la causa de las más de 700 familias desplazadas del ejido Los Guayabos, en Comalapa y en San Cristóbal de las Casas.

Bartolomé Melchi Santiago, de la Unión Campesina Independiente (UCI) de Puebla, demandó la liberación de nueve compañeros, siete de los cuales llevan presos más de 14 años.

Por su parte, Víctor Castillo, del municipio autónomo de San Juan Copala, aseguró que pese a existir una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2010, aún siguen presos dos compañeros y otros dos se encuentran prófugos porque hay orden de arresto en su contra.

Durante la mesa de discusión, los líderes de UCI y de Copala lamentaron que en Puebla y Oaxaca puedan más los grupos paramilitares que los gobiernos de coalición, porque la represión a los desplazados continúa.

Luego de más de seis horas de discusión los participantes en el foro acordaron, entre otras propuestas: la conformación de las comisiones de derechos humanos y defensa jurídica, enlace político, propaganda y prensa y seguimiento de casos.

De igual manera, darán a conocer un pronunciamiento por todos los desplazados del país. El 10 de marzo una comisión visitará Puebla y el 10 de abril realizarán una marcha nacional en la ciudad de México.