Pobladores de Atenco protestan en la ciudad de México.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO
D.F. (apro-cimac).- Las 11 mujeres víctimas de tortura sexual tras los
operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco,
Estado de México, tendrán oportunidad de confrontar por vez primera al
gobierno mexicano sobre esos sucesos el próximo jueves 14, durante la
audiencia que se llevará a cabo en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad de Washington.
En la
audiencia, las mujeres buscarán evidenciar que el Estado mexicano fue
cómplice de la agresión sexual que sufrieron hace casi siete años,
cuando el gobernador del Estado de México era el hoy presidente, Enrique
Peña Nieto.
Se espera que en la audiencia estén frente a frente
las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de
funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11
mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
Esta semana se define el nombre de la representante que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH.
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los
señalamientos.
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los
señalamientos.
Aunque
pareciera tratarse de una comparecencia más, Bárbara Italia Méndez, una
de las agredidas, explica que es la primera oportunidad que tienen de
narrar la pesadilla que vivieron en un litigio internacional que inició
en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor
parte ha consistido en comunicaciones escritas.
Este será el
momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de
violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales,
María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María
Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen
Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.
En entrevista, Italia
asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien
represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y
San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y
27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y
federales.
En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña
Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó
conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De
forma paradójica ahora como Presidente de la República a su gobierno le
corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.
Aunado
a ello, no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que
repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en
mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana,
estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los
abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el
movimiento juvenil YoSoy132.
Italia apunta que en este litigio
internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a
todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso
personal”, aclara.
“Fue un acto de Estado, una represión contra el
pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra
Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la
Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), respectivamente.
Además, explica que en ese
operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a
aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les
impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se
opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.
Italia
señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de
Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las
autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes
pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por
uniformados.
“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste
la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y
decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.
Conscientes
de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de
Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante
violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una
aparente postura a favor de las garantías individuales.
Y es que
no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de
fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela
se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.
“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.
Como
ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante
el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano
informó de “avances” en el caso Atenco.
El subsecretario de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso
Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción
penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26
mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados,
lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de
la Procuraduría estatal es una simulación.
“A mí me parece que no
fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se
giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de
los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta
extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en
un par de horas.
Al final, Italia recalca que esta audiencia que
forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia,
pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca
es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.
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