miércoles, 19 de junio de 2013

FPDT denuncia que ex presos políticos de Atenco son citados a declarar por hechos del 2006

En Atenco “no seremos cómplices de la simulación de justicia”

Esta es la video crónica de la conferencia de prensa:


San Salvador Atenco, Estado de México. Los ex presos políticos y sobrevivientes a la tortura durante la represión contra el pueblo de Atenco de 2006 “decidimos que no nos vamos a presentar a declarar ante esta simulación que es la supuesta averiguación por tortura”, señala el comunero Heriberto Salas. Desde el 1 de mayo, decenas de atenquenses y personas que vivieron la represión reciben citatorios para declarar como testigos en un proceso que lleva la procuraduría estatal de justicia contra dos policías de bajo rango.

Para los sobrevivientes a la represión, que dejó dos muertos (los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis Benhumea), el proceso es una nueva agresión al pueblo de Atenco y está diseñado para garantizar la impunidad de los responsables intelectuales  de la represión –apuntan al actual ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a Wilfrido Romero, Eduardo Medina Mora y Nazario Gutiérrez- y para bajar la presión internacional sobre Peña que trajo el próximo paso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la denuncia por tortura sexual interpuesta por las mujeres violadas durante el operativo. “Quieren someternos a nuevos interrogatorios y nos amenazan con multas”, denuncia Salas. El abogado Héctor Galindo, quien recibió sentencia por 60 años junto con Felipe Álvarez e Ignacio del Valle, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, señala que ni siquiera deben ser citados como testigos, “pues nosotros sufrimos la tortura, somos sobrevivientes”.

Después de que la Procuraduría General de la República archivó la denuncia por tortura y se declaró incompetente, señala el abogado Juan de Dios Hernández, la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de México reabrió el caso, en el que se acusa “a dos policías de entre los 4 mil 500 que participaron en el operativo”, denuncia Salas. El abogado Héctor Galindo estima que los 207 luchadores sociales detenidos en 2006 serán llamados a declarar.


“El  poder judicial es lacayo del ejecutivo, ya nos lo demostraron en ocasiones anteriores, y quieren tender un velo sobre los responsables”, valora el comunero Salas. “Para los sobrevivientes hay acoso, y para Peña Nieto hay impunidad”, denuncia Salas, preso el 3 de mayo de 2006. “Lo más importantes es preguntar dónde están las averiguaciones contra quienes planearon el operativo, dónde están los consignados por las violaciones a las compañeras, dónde están presos los asesinos de los jóvenes”, señala el abogado Hernández. Salas acusa que la represión se planeó en casa de la familia “de Paco Vázquez, que es perredista. Se cometió terrorismo de Estado y se violaron las garantías de toda una comunidad”.

Algunos de los citados se presentaron de buena fe a declarar, y lo que reseñan es acoso de agentes gubernamentales, aislamiento, presión de los familiares de los policías y preguntas que intentan confundirlos para, consideran, acusarlos por falsedad de declaraciones. “A los que fueron apresados el 3 de mayo les preguntan por los hechos del 4 de manera tramposa”, informa Salas, quien agrega que los detenidos no pudieron ver las caras de los policías pues les taparon la cabeza, “pero ahí están las imágenes de las noticias y los documentales donde se ven”. José Alonso Martínez, joven que fue detenido el 4 de mayo, se presentó a declarar e informa que las preguntas se centraron en los hechos sucedidos en el camión donde fueron transportados los presos, “de hecho, es a dos choferes a los que se acusa, no directamente a elementos policiacos”.

La averiguación integrada por el Ministerio Público no cuenta con los elementos de prueba suficientes para dar a la defensa de los policías las máximas posibilidades de éxito, consideran los comuneros. Además, agrega el abogado, dado que hay diversas leyes para juzgar la tortura, debe ser responsabilidad de la máxima instancia, la PGR, no de la menor, como en el caso del juzgado primero radicado en Texcoco.

De no presentarse, amenaza el juzgado primero, los citados serán multados y se les presentará con la fuerza pública. “Nos nos importa, pagaremos el costo incluso de cárcel, pero no nos prestaremos a este juego, del que ya sabemos los resultados”, advierte el abogado Juan de Dios Hernández, quien acompaña el proceso legal que los comuneros interpondrán en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto. “Vamos a desenmascararlos”, finaliza Salas.



Entrevista a ex preso político de Atenco:



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