Por Yunuhen Rangel Medina
México DF, 4 mayo 09 (CIMAC).- En 2003 el Gobierno del Estado de México se comprometió a crear un espacio de diálogo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT) para resolver las problemáticas que la región sufría, entre ellas la del campesinado y comerciantes floristas y el eventual desalojo de pobladores por el proyecto de un aeropuerto.
Según el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema, emitido el 4 de febrero de 2009, como antecedente del caso hay un documento firmado entre el Presidente municipal de Atenco, Higinio Martínez Miranda, y representantes de los floristas en el cual se acuerda que a más tardar el 21 de octubre de 2005, los floristas se reubicarían en el Centro de Abastos de Productos del Campo y Flores de Texcoco.
En caso de incumplimiento de este acuerdo, se procedería a decomisar las mercancías solicitando el auxilio de la fuerza pública.
En febrero de 2006 se llevó a cabo una cita para negociar, el Gobierno responde con más fuerza policíaca, sin que nada se resuelva: el 10 de abril del mismo año, más de cien policías y funcionarios del lugar impidieron a campesinas y campesinos de la montaña de Texcoco vender sus hortalizas en el mercado Belisario Domínguez.
Después de las varias recomendaciones a las y los campesinos para reubicarse, dice el dictamen de la SCJN, policías acudieron aproximadamente a las seis de la tarde para hacer valer el acuerdo firmado e impedir a los floristas vender sus productos, por lo que "poco tiempo después se presentaron treinta o cuarenta personas con machetes suscitándose un enfrentamiento".
El Presidente Municipal sustituto, continúa el dictamen, Narciso Gutiérrez Martínez, mediante un oficio, hizo del conocimiento del Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal que grupos organizados por comerciantes informales, trataban de amedrentar la estabilidad del Gobierno municipal, pues ante la orden de reubicarlos, estos amenazaban con tomar posesión del Palacio municipal con ayuda del FDPT por que solicitó la ayuda de las Fuerzas de Apoyo y reacción para "afrontar cualquier eventualidad".
Debido a la "postura" de los floristas y el FDPT se "implementaron dispositivos de seguridad en el lugar" que fue reforzado el 24 de abril de 2006 con 76 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, 20 de la policía municipal y 10 inspectores de la Dirección General de Regulación Comercial del municipio, afirma el dictamen de la SCJN.
EL OPERATIVO
Según la prensa nacional, diez días después del primer enfrentamiento, granaderos, policías y funcionarios tanto del estado como del municipio toman con violencia el mercado en un operativo en el que arremeten contra mujeres, niñas, niños y ancianos de lo que resultan varios detenidos.
Al día siguiente del operativo, horticultores y floricultores de la zona solicitan un diálogo abierto con las autoridades para solicitar la anulación de las acusaciones hechas contra integrantes del FDPT detenidos.
Para el 2 de mayo, comerciantes se unieron a la solicitud y pidieron además volver a trabajar, a lo que el Presidente municipal respondió que podrían reinstalarse al día siguiente.
El 3 de mayo, un grupo de floricultores fue desalojado con violencia de Texcoco, de lo que resultó la muerte del menor de edad Edgar por un petardazo en la cabeza, y del joven universitario Alexis Benumea además de otros varios heridos y 211 detenidos, de los cuales 47 eran mujeres.
Además de los policías, en el operativo participaron 320 elementos de la Fuerza de Apoyo y Reacción con equipo antimotín, aunque la Comisión de Investigación afirmó que se trató solo de un "apoyo de presencia y no directo".
AGRESIONES SEXUALES
Los medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente, entre ellas se encontraban la indígena de origen mazahua Magdalena, 2 españolas, una chilena y una alemana.
Uno de los casos de violación lo protagonizó una mujer que por quedarse viendo uno de los camiones de policías, fue detenida y posteriormente violada tumultuariamente.
El dictamen de la SCJN señala, que efectivamente se hicieron denuncias sobre agresiones sexuales a las mujeres detenidas el 3 de mayo en las que se señalan tres momentos en las que éstas fueron llevadas a cabo, la primera en el momento de su detención, una segunda al ingresar a los camiones utilizados para su traslado al penal de "Santiaguito" y la última en los mismos vehículos durante el traslado.
Mientras que las detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes.
Estos abusos, detalla el informe, consisten en manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral.
En cuanto a la detención de estas mujeres, el dictamen señala que existen contradicciones en las declaraciones y que la mayoría de las denunciantes indica no poder identificar plenamente a sus agresores.
Explican que de las 50 mujeres "aseguradas" de las cuales 31 refirió haber sufrido violencia sexual.
DENUNCIAS Y HUELGA DE HAMBRE
Ante éstos hechos, la Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) instó a la sociedad civil a realizar acciones pacificas en apoyo a Atenco.
El EZLN anunció alerta roja y las 47 mujeres detenidas en el penal de Santiaguito, comenzaron el 6 de mayo una huelga de hambre. El Gobierno, tenía entonces sitiado San Salvador Atenco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el 9 de mayo, 14 quejas sobre abuso sexual y dos más por presunta violación, aunque afirmaron que las quejas fueron presentadas por terceras personas, algunas víctimas habían pedido tiempo y otras se negaron a someterse a la revisión médica.
Alicia Pérez Duarte, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (Fevim) buscó a las víctimas para presentar las denuncias formales.
El 10 de mayo dictaron auto de formal prisión a las y los detenidos el 3 y 4 de mayo. La entonces presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa Torres, y la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Marta Maurás, pidieron una investigación a fondo de las denuncias sobre agresiones sexuales a mujeres.
Por su parte El Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, consideró que en los hechos de violencia ocurridos en Atenco existían responsabilidades compartidas que atañen a los tres niveles de gobierno.
Para el 16 de mayo, los primeros testimonios sobre los abusos sexuales cometidos contra mujeres comenzaron a salir a la luz, así como quejas sobre la atención médica.
Tres días después, fueron presentadas 13 denuncias formales de agresiones sexuales en Atenco a la Fevim. Posteriormente la CNDH confirmó 23 casos.
El 13 de junio fueron cesados cuatro policías estatales por su participación en el operativo Atenco, al siguiente día se ejerció acción penal contra 23 policías estatales bajo el cargo de abuso de autoridad.
El mismo día, 5 mujeres más denunciaron agresión sexual ante la Fevim y las otras trece ratificaron sus quejas. Para julio, siete mujeres, entre ellas una indígena mazahua, seguían detenidas en el Penal de Santiaguito.
En agosto se presentó la petición a la SCJN para intervenir en el análisis sobre tortura en Atenco y acusaron procesos jurídicos largos y amañados.
Por su parte el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) pidió al Gobierno mexicano le otorgara a la Fevim la jurisdicción para procesar y castigar a los culpables de los hechos cometidos y proporcionar asistencia económica, social y psicológica a las mujeres víctimas de Atenco.
Para el siguiente año, las quejas sobre el caso Atenco continuaron en torno a irregularidades, manipulación de casos, fabricación de pruebas, letargo en la justicia e impunidad, como características en los procesos penales.
27 de los detenidos en el operativo de San Salvador Atenco y Texcoco continuaban detenidos y algunos otros llevan sus procesos en libertad.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada y defensora de los derechos humanos Bárbara Zamora López opinó que se cometió una grave violación a las garantías individuales contra estas personas y no descartó que se trata de un acto de venganza política del Gobierno del estado, encabezada por el priista Enrique Peña Nieto, ante sus fallidas intenciones de expropiar las tierras de campesinos que las han defendido sobre el proyecto de un nuevo aeropuerto.
"En tanto, las peticiones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han sido las mismas: castigo a los responsables y justicia para las mujeres".
Durante todo el año, múltiples movilizaciones, informes y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil y organizaciones se realizaron en apoyo a las víctimas del caso Atenco sin que hasta 2007 el gobierno hubiera dado alguna solución a las víctimas ni castigo a los culpables.
En marzo de 2008 el juez español Fernando Grande-Marlaska, solicitó información para conocer los procesos de investigación abiertos sobre las violaciones contra mujeres de Atenco y contra la ciudadana española Cristina Valls, a lo que el Estado mexicano respondió de forma "omisa e imprecisa", declaró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Entre las imprecisiones está la información que se dio a Grande-Marlaska, donde se "suprimió" desde abril de 2007 la prohibición a Valls Fernández para entrar a territorio nacional a partir de que fue expulsada (por cinco años), ante lo cual el Centro Prodh acusó que dicha prohibición se hizo sin el debido proceso ilegal, con lo que se le impidió denunciar la tortura y violencia sexual en nuestro país.
Para agosto de 2008, el Centro Prodh intervino también en el caso de María Patricia Romero Hernández, encarcelada injustamente en el penal de Molino de Flores luego del operativo e hizo un llamado a las autoridades judiciales para que garantizaran su integridad física y psicológica durante el proceso de sentencia ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Texcoco.
Así mismo, por el señor Raúl Romero Macías y el joven Arturo Sánchez Romero, padre e hijo de María Patricia, acusados de los delitos de lesiones, ultrajes a la autoridad y potación de arma prohibida a pesar de las contradicciones constatadas en las declaraciones de los policías que los acusan.
Según el dictamen de la SCJN quedó asentado en la cédula de notificación respectiva que Patricia Romero había declarado ser "líder de los floristas del banquetón".
El 29 de enero de 2008 el Director de Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, declaró a Cimacnoticias que la resolución de la Suprema Corte de Justicia sería discutida a partir del 9 de febrero, lo que abriría una posibilidad de que se conociera a los responsables de la violación a los derechos humanos cometidos en Atenco.
Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, afirmó a la prensa que esperaba "recibir muy pronto" el proyecto de dictamen del Ministro Gudiño y que era probable que ese asunto fuera listado durante las próximas semanas.
Al respecto Prodh envió un comunicado de prensa en el que realiza un recuento del caudal de violaciones como privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales, cuando policías de los tres órdenes de gobierno reprimieron las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes.
Debido a la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, finaliza el Centro Prodh, debe haber sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte, incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República, "es un deber ineludible".
Sin embargo, hoy que se cumplen tres años de los hechos, no llega aún la justicia para las mujeres torturadas, ni para los presos condenados a decenas de años de cárcel.
09/YRM/GG
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